La grave crisis económica que azotó Europa en los últimos años también ha tenido algún efecto positivo, aunque parezca extraño. Los políticos europeos se han dado cuenta de que durante estos años se han olvidado de las personas, en el sentido de que se han centrado fundamentalmente en sanear bancos y reducir los abultados déficits y deudas públicas, y ahora han decidido remediarlo. Para ello desde la Comisión Europea se han puesto en marcha una serie de iniciativas como la Carta Social Europea, en la que se hace mención expresa a la necesidad de fomentar la conocida como economía social. ¿Y por qué? Pues básicamente porque se trata de un modelo económico en el que sus empresas (cooperativas, asociaciones y un largo etcétera) no despiden a los trabajadores cuando bajan las ventas, no deslocalizan la producción en busca de reducir costes, ayudan a fijar la población al territorio, son solidarias, democráticas y aportan valores sociales. Una especie de capitalismo con alma.

En este contexto, once países europeos han aprobado esta semana la «Declaración de Madrid», un manifiesto para pedir a la Comisión Europea más apoyo a este tipo de empresas. Esta declaración culminó un evento en el que se ha puesto el foco en esta actividad. En el acto participaron más de 400 representantes de todas las instituciones europeas, representantes de 16 Estados miembros, más de 200 representantes de entidades de la economía social de 18 países y de las distintas Administraciones Públicas españolas.

Por parte del Gobierno asistió la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quién se mostró muy comprometida con la iniciativa ya que, según explicó, «las entidades de la economía social dan empleo a 2,2 millones de personas en España, el 12,5% de la población ocupada, crean empleo estable con un 80% de contratos indefinidos y es más resilente ante las crisis, ya que ha registrado una destrucción de empleo 6 puntos inferior a la del resto de fórmulas empresariales».

En España las cooperativas, sociedades laborales y fundaciones, entre otras, suman el 10% del PIB y crean 2,2 millones de empleosBañez avanzó que el Ejecutivo está ultimando una nueva Estrategia Española de Economía Social que «fomente la participación institucional y apoye la creación, mantenimiento, crecimiento e innovación de las entidades integradoras de este tipo de economía», de acuerdo con los objetivos del Horizonte 2020 de la UE.
Desde Bruselas intevinieron dos comisarias por videoconferencia, la de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, y la de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska. Ambas coincidieron en la necesidad de apostar por los valores que aporta la economía social, sobre todo en materia de emprendimiento, generación de empleo estable y de calidad, cohesión social, territorial y económica.

Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe y de la Confederación Empresrial Española de la Economía Social (CEPES), aseguró durante la inauguración de la jornada que «la economía social genera empresas diferentes, modernas y competitivas que trabajan por las personas y el interés general. Son un pilar fundamental en la cohesión territorial en Europa que contribuyen a un crecimiento económico sostenible y para todos reforzando así la solidaridad».

En Europa hay 14,5 millones de europeos trabajando en 2 millones de empresas de la economía social, lo que supone el 8% del PIB

Reducir la pobreza
El ministro de Trabajo y Empleo de Luxemburgo, Nicolas Schmit, aseguró que «la gente está buscando valores y la respuesta es la economía social ya que es sostenible socialmente, solidaria e inclusiva porque contribuye a reducir la pobreza. Es por esto que necesitamos nuevos fondos europeos para ayudar a desarrollarla y no solo el Fondo Social». Por parte portuguesa intervino el titular de Trabajo, José Antonio Vieira da Silva, quien explicó que en su país se hace hasta una cuenta satélite de la economía social para poder medir con exactitud su aportación económica, sobre todo en materia de reducción del diferencial de las condiciones de vida entre la población urbana y la que vive en el campo. Además, Vieira da Silva animó a explorar más los acuerdos público-privados en este sector y aconsejó a la Comisión Europea que fuera más ambiciosa en este campo y facilitara más la promoción de las actividades de la economía social.

El representante italiano, el secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, Luigi Bobba, afirmó con claridad rotunda que «no puede haber integración económica y monetaria sin inclusión social ni apoyo a los más débiles, en línea con las ideas de Joseph Stiglitz. En Italia, el tercer sector factura 10.000 millones de euros y no son sólo cooperativas. Desde el Gobierno estamos ayudando a estas empresas con una reducción de la carga fiscal de un 65% y, además, estamos poniendo a su disposición sin contraprestación algunas muchos de los inmuebles que confiscamos a la mafia».

La economía social tiene un peso del 8% en el PIB. En ella trabajan 14,5 millones de personas en dos millones de empresasPor parte sueca el ministro de Administraciones Públicas, Alrdalan Shekarabi, explicó que en su país «hay una enorme tradición de este tipo de empresas, porque siempre ha sido una prioridad del Gobierno apoyar la economía social y además es garantía de que trabajamos para construir un mundo mejor para los jóvenes».
Desde otras instituciones europeas como el Parlamento Europeo su vicepresidente, Ramón Luis Valcárcel, o el Comité Económico y Social Europeo , Georges Dassis, pusieron el acento en que se tiene que facilitar el acceso de las empresas de economía social a la financiación a través de fondos europeos u otros mecanismos.

Declaraciones al margen Anne Branch, jefa de unidad de Economía Social de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, desgranó que hay un plan con cinco pilares para potenciar esta actividad: mejora del acceso a los fondos europeos, facilitar el acceso de estas empresas a los mercados, mejorar la regulación, aumentar la innovación social y nuevos modelos de internacionalización, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

España fue un país pionero en contar con una legislación específica sobre Economía Social, concretamente en el año 2011, y esto ha ayudado sin duda a la consolidación de un sector fundamental para aumentar la sostenibilidad y la integración de la economía española. Valgan los datos de que la producción final de las cooperativas agrarias, por ejemplo, representa el 60% de la producción total en España y que el 15% de la población española reside en viviendas promovidas por cooperativas.

Casos de éxito
Al contrario de lo que se pudiera pensar, la economía social en España no está formada solamente por empresas pequeñas, sino que hay verdaderos «gigantes». Es el caso por ejemplo de la vasca Mondragón, con 128 fábricas repartidas por los cinco continentes, en la que pese a la dimensión que ha logrado mantiene su estructura original de cooperativa desde 1956, y en la que el presidente de la empresa aparca el coche junto al del personal de limpieza. Otros casos de éxito son el del grupo Ilunion (multisectorial), la Fundación Espriu (salud), Clade Grup Empresarial Cooperatiu (multisectorial), Unide (distribución), Atlantis Grupo (seguros) y Grupo Cooperativo Cajamar (cooperativas de crédito). En total todos estos grandes grupos cooperativos dan empleo a 163.357 personas. Durante los últimos ocho años

31.000 nuevas empresas se han creado en el tercer sector, el de la economía social, lo que ha supuesto la creación de más de 210.000 nuevos puestos de trabajo y, casi tan importante, el 80% de ellos son indefinidos y a tiempo completo.
Source: ABC

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